lunes, 17 de septiembre de 2007

Una de piratas


Sí. Estos son los del Caribe, pero para nuestro gobierno, los de la foto podríamos ser usted y yo.

¿Han oído hablar de la llamada presunción de inocencia en un estado de derecho? Bueno, pues sepan que ya está desfasada. Ahora lo que se lleva es la presunción de culpabilidad. Al menos si nos atenemos a la Ley de la Propiedad Intelectual (LPI) que está elaborando el gobierno relativa al llamado canon digital.

El susodicho impuesto, una flagrante concesión a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), no es sino un atropello a los derechos del ciudadano corriente, amén de una ofensa al sentido común y al más elemental concepto de justicia.

El atraco, perdón, el canon, se venía aplicando hasta ahora a los soportes de grabación (CD/DVD), pero el ejecutivo planea ahora, con una vuelta más de tuerca, añadir los dispositivos mp3, incluidos los teléfonos móviles y las cámaras fotográficas digitales.

Como escribía un (justificadamente) cabreado internauta en el apartado de comentarios a la noticia: “Cojonudo, ahora cada vez que llame a mi novia le estaré pagando a Ramoncín”.

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